El mercado de vapeo está en auge, a pesar de que los productos están prohibidos en la mayoría de los países latinoamericanos. Esto crea enormes niveles de comercio ilícito y desafíos para la aplicación de la ley. Una regulación equilibrada —fiscalidad, concesión de licencias y sellos fiscales— ofrece una vía para proteger la salud, garantizar los ingresos y asegurar el cumplimiento de la normativa.

Durante la última década, el mercado mundial del tabaco ha experimentado una profunda transformación. El consumo tradicional de cigarrillos está disminuyendo en muchos países de ingresos medios y altos, impulsado por campañas de concientización sobre la salud, impuestos más altos y regulaciones más estrictas. Los productos alternativos han llenado el vacío, sobre todo los cigarrillos electrónicos y los vaporizadores.

Comercializados como alternativas modernas y más limpias a los cigarrillos combustibles, y que a menudo se benefician de impuestos más bajos que los cigarrillos tradicionales, estos productos atraen tanto a los fumadores existentes como a nuevos consumidores. Las estrategias de marketing enfatizan la reducción de daños y prometen beneficios para dejar de fumar, presentando a los vapeadores como un aliado de la salud pública.

Las tabacaleras tradicionales también están activas en este mercado, que está experimentando un crecimiento significativo. En América Latina, la tasa de crecimiento anual compuesta en los últimos años se ha acercado al 25% y se espera que alcance un ingreso proyectado de 5 mil millones USD para 2030. Este cambio presenta nuevos desafíos para las administraciones tributarias y las autoridades sanitarias, particularmente en América Latina, donde los marcos regulatorios aún están evolucionando.

La indecisión gubernamental

Muchos gobiernos dudan en imponer impuestos o controles estrictos a los vaporizadores, influenciados por los argumentos de que estos productos presentan menores riesgos para la salud y podrían ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Si bien tales afirmaciones resuenan con las estrategias de reducción de daños, en gran medida no han sido probadas.

La exposición temprana a la nicotina puede provocar adicción de por vida, aumentar el riesgo de transición a los cigarrillos y afectar el desarrollo del cerebro. El vapeo se ha relacionado con enfermedades respiratorias agudas y crónicas, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, y puede suponer riesgos de exposición a toxinas, especialmente en productos falsificados o del mercado negro.

También es preocupante la creciente popularidad de los vaporizadores entre las poblaciones más jóvenes, muchas de las cuales quizás nunca hayan fumado cigarrillos. Los informes de distribución gratuita cerca de las escuelas, empaques coloridos y atractivos, así como un marketing agresivo dirigido a menores en las redes sociales amplifican estas preocupaciones. Además, los casos de enfermedades graves e incluso muertes relacionadas con líquidos de vapeo adulterados subrayan los peligros de los mercados no regulados.

Además, los cigarrillos electrónicos de un solo uso, también conocidos como «puffs», han generado una reacción aún más negativa debido a la preocupación medioambiental que suscita el desecho incontrolado de plásticos y baterías.

El Dilema Regulatorio

Ante estas incertidumbres y desafíos, algunos Ministerios de Salud abogan por la prohibición absoluta de los vaporizadores para desalentar su uso. Si bien la prohibición puede parecer una solución radical, la experiencia demuestra que a menudo fracasa. Prohibir estos productos crea un terreno fértil para el comercio ilícito, inundando los mercados con dispositivos y líquidos no probados y no aprobados. Dichos productos escapan a los controles de calidad, las obligaciones fiscales y las medidas de trazabilidad, lo que socava tanto la salud pública como los intereses tributarios.

China es, con diferencia, el líder mundial en la fabricación de cigarrillos electrónicos, con más del 90 % de la producción mundial. La cadena de suministro, desde el origen hasta el consumidor, suele ser larga y compleja, con muchas oportunidades para que los productos ilegales se introduzcan y lleguen a las tiendas.

Respuestas de Política Global

Reconociendo estos riesgos, algunos países han adoptado enfoques pragmáticos. Los programas de concesión de licencias, los impuestos especiales y los programas de sellos fiscales se están convirtiendo en herramientas eficaces para regular los cigarrillos electrónicos y generar ingresos al mismo tiempo. Entre los pioneros en el uso de sistemas de sellos fiscales y trazabilidad para cigarrillos electrónicos, vapeadores y líquidos para vapeo se encuentran Canadá, Georgia, Albania y Filipinas, lo que ha dado lugar a un mayor cumplimiento normativo y a la recaudación de ingresos tributarios adicionales.

Dichos sistemas ofrecen rendición de cuentas sobre estos productos en el punto de venta, incluida la garantía de que un producto estampado ha sido aprobado por la autoridad competente y de que se han pagado los derechos, creando un vínculo directo de rendición de cuentas entre el producto y el comprador del sello (fabricante o importador).

Aunque esto requiere coordinación y supervisión meticulosa entre los importadores y sus fabricantes extranjeros, muchos importadores se dan cuenta de los beneficios de sus esfuerzos y se apoyan en los sellos fiscales también como protección económica de la marca en la defensa contra los falsificadores. Mientras tanto, las autoridades sanitarias gubernamentales apoyan la oferta de sellos de seguridad para proteger a los ciudadanos del uso de productos potencialmente peligrosos.

Próximamente: Programa de sellos fiscales para cigarrillos electrónicos en el Reino Unido  

Recientemente, la Agencia Tributaria y Aduanera del Reino Unido (HMRC) anunció sus planes de imponer un impuesto especial y aplicar un sistema de sellos fiscales para los cigarrillos electrónicos en 2026. Cabe destacar que este programa difiere del modelo que se ha implementado para los cigarrillos, que se ha inspirado en la Directiva de productos de tabaco de la UE (TPD), basándose únicamente en la trazabilidad digital.

El enfoque del Reino Unido para los vapores permite a las fuerzas del orden, los comerciantes y el público, incluidos los jóvenes expertos en tecnología a través de una aplicación de teléfono celular, reconocer rápidamente los productos que no cumplen con las normas en el mercado. Esto incluye productos que carecen del sello fiscal requerido, o cuando la información de trazabilidad recuperada al escanear el código QR único del sello fiscal revela irregularidades. En este caso, será posible identificar y sancionar al fabricante o importador asociado a la compra y colocación del sello.

Conclusiones

Para las administraciones tributarias latinoamericanas, hay mucho en juego. La inacción corre el riesgo de alimentar el comercio ilícito, erosionar las bases impositivas y exponer a los consumidores a productos inseguros. El camino por seguir radica en una regulación equilibrada, una que aborde los problemas de salud sin ceder terreno a los mercados ilícitos, al tiempo que garantiza una mayor movilización de ingresos.

La colaboración entre las autoridades tributarias y sanitarias es esencial para elaborar políticas que protejan a los consumidores, aseguren los ingresos y defiendan la confianza pública. Como han demostrado algunos países pioneros, esto se puede lograr con regulaciones que combinen sistemas de concesión de licencias (que pueden requerir la verificación de la lista de ingredientes, pruebas de laboratorio y certificados) y un sistema tributario que elimine los desequilibrios en el mercado en comparación con los cigarrillos tradicionales, al tiempo que se garantizan fuentes de ingresos adicionales.

Por el lado de la administración tributaria, se ha demostrado ampliamente que el uso de sistemas que combinan registros centrales de fabricantes y productos aprobados con sellos fiscales seguros y rastreables es efectivo para garantizar el cumplimiento de los productos de tabaco tradicionales. La implementación de mecanismos similares en los cigarrillos electrónicos promete no solo garantizar la recaudación de ingresos, sino también proteger la intención genuina de las políticas públicas; son instrumentos vitales para la gobernanza en una era de productos disruptivos.