Guía para sabotear negociaciones tributarias usando solo los traductores.

Bienvenidos a este taller práctico sobre cómo la semántica puede sabotear, discretamente, nuestros mejores esfuerzos de integración regional.

El lenguaje no solo pone nombres a la realidad: también influye en lo que observamos y en cómo lo clasificamos. En las conversaciones tributarias internacionales, esto crea una peligrosa ilusión de falsa armonía: todos ven palabras familiares en un tratado multilingüe y suponen que significan lo mismo.

A menudo, no es así.

Si desea descarrilar una cumbre tributaria internacional sin levantar la voz, siga este sencillo método: traduzca literalmente, confíe en el diccionario y deje que la terminología haga el trabajo sucio.

1. La sorpresa del “crédito fiscal”

Personajes: John, asesor tributario estadounidense; Máximo, funcionario del SAT de México.

John: Máximo, ¡excelentes noticias! Nuestro equipo de cumplimiento revisó el aviso del SAT. Estamos encantados con el crédito fiscal de 10 millones de dólares que le concedieron a nuestra planta de manufactura.

Máximo: ¿Encantados?

John: ¡Claro! Un crédito fiscal. Ya estamos planeando una expansión. Dios bendiga al Gobierno mexicano.

Máximo: John, lo que recibieron es un crédito fiscal.

John: Exactamente. Un crédito.

Máximo: No. En México, es un crédito a favor del Gobierno. Significa que su empresa debe 10 millones de dólares en impuestos y multas. Le agradeceríamos que pagara dentro de 30 días, a menos que prefiera que le congelemos las cuentas bancarias.

John: ¿Su crédito es mi deuda?

Máximo: Bienvenido a México, John.

La clave: En inglés estadounidense, tax credit suele ser un beneficio que reduce el impuesto por pagar. En México, en cambio, el crédito fiscal es un derecho de cobro legalmente establecido a favor de la autoridad tributaria. Una expresión; dos expectativas de flujo de caja completamente opuestas. Un pequeño problema de traducción puede convertir un anuncio de inversión en un procedimiento de cobro.

2. El presupuesto fantasma

Personajes: Sr. Pierre, del Ministerio de Finanzas francés; Robert, auditor de políticas públicas del Reino Unido; Sofía, asesora tributaria sudamericana.

Robert: Pierre, ¿cuánto gastó Francia el año pasado en ayudas financieras directas a las empresas?

Pierre: El gasto tributario fue considerable: más de 80.000 millones de euros.

Robert: ¿80.000 millones en subsidios pagados en efectivo? ¡Es un gasto operativo extraordinario!

Sofía: No exactamente. Nosotros lo llamamos gasto tributario. No necesariamente es dinero que sale de las arcas públicas.

Robert: Pero ambos lo llaman «gasto».

Pierre: Sí, pero una dépense fiscale es ingreso que el Estado decidió no recaudar mediante exenciones, deducciones, tasas reducidas o beneficios tributarios.

Robert: ¿Entonces se gasta dinero al no recibirlo?

Pierre: Exactamente. Una forma muy elegante de gasto invisible.

La clave: El gasto tributario suele referirse a ingresos que el Estado deja de percibir debido a disposiciones preferenciales, no a un pago directo en efectivo. Sin embargo, gasto, expenditure y dépense evocan, de manera bastante natural, una salida de dinero de la cuenta bancaria.

El término es útil para analizar los costos de una política, pero puede confundir a quienes no son especialistas y ocultar una pregunta importante: ¿hablamos de gasto público, de menores ingresos o de ambas cosas?

3. Fiscal, tributario y todos entran en pánico

Personajes: Chloé, abogada tributaria francesa; Santiago, inspector tributario sudamericano; Mark, economista estadounidense.

Mark: Este borrador necesita una reforma completa de la política fiscal para estabilizar la deuda y el déficit presupuestario de la región.

Santiago: Entendido. El mes que viene planearemos más auditorías a las principales multinacionales.

Mark: ¿Mandar inspectores a las sedes de las empresas? Estoy hablando de deuda soberana, emisión de bonos y déficit presupuestario.

Santiago: Usted dijo «política fiscal». Para nosotros, fiscalización remite enseguida al control tributario y las auditorías.

Chloé: En francés, tanto las grandes cuestiones de finanzas públicas como los asuntos tributarios más técnicos pueden quedar bajo fiscalité.

Mark: En inglés, una fiscal crisis es una crisis de las finanzas públicas. Si una empresa tiene un problema con sus facturas, yo hablaría de un problema tributario.

Santiago: Entonces quizá deberíamos llevar un diccionario a la próxima reunión.

La clave: La palabra fiscal no siempre viaja bien.

El resultado es previsible: el economista estadounidense ve una hoja de cálculo sobre la deuda; el funcionario hispanohablante prepara una auditoría; el especialista lusófono revisa una nota fiscal; y la delegación francesa supone que todos hablan de tributación con normalidad.

5. La caja de pandora del patrimonio

Personajes: Jean-Luc, parlamentario francés; Charles, político favorable a las empresas; John, asesor tributario corporativo estadounidense.

Jean-Luc: Los multimillonarios están acaparando la riqueza de la nación. Necesitamos un impuesto progresivo sobre su patrimonio mundial.

Charles: ¡Una locura! Gravar su patrimonio provocará una fuga de capitales. Los ricos se irán a Londres o a Suiza.

John: Un momento. ¿Hablamos de activos brutos o de patrimonio neto?

Jean-Luc: Hablamos de riqueza.

John: Pero no siempre son lo mismo. Una persona puede controlar propiedades o empresas de gran valor y, al mismo tiempo, tener deudas considerables. Sus activos brutos pueden ser enormes, mientras que su patrimonio neto es mucho menor.

Charles: No complique las cosas con términos contables.

La clave: Patrimonio, patrimônio, patrimoine y wealth pueden aludir, según el contexto jurídico o político, a bienes, activos, herencias, recursos financieros o patrimonio neto.

Pero para diseñar un impuesto sí importa distinguir:

• ▪︎ Activos: lo que una persona posee o controla.
• ▪︎ Pasivos: lo que debe.
• ▪︎ Patrimonio neto: lo que queda después de restar los pasivos.

El debate sobre un impuesto a la riqueza puede enredarse cuando unos piensan en bienes visibles y otros en el valor económico neto. Una propiedad física puede ser difícil de trasladar; los activos financieros —y los propios contribuyentes— pueden tener mayor movilidad. Son preguntas de política distintas, aunque la traducción use una misma palabra.

Y todavía hay otra confusión: un impuesto sobre el patrimonio no es lo mismo que un programa de cumplimiento para personas con un elevado patrimonio neto. El primero es un impuesto; el segundo, una forma de organizar la administración tributaria. Una persona rica puede estar sujeta a impuestos sobre la renta, las ganancias de capital, las herencias o, cuando exista, el patrimonio neto. Y queda otra pregunta práctica: ¿los departamentos de grandes contribuyentes atienden solo a grandes empresas, o también a estas personas? La respuesta depende de cada administración: algunas las gestionan mediante programas especializados, a veces vinculados a la oficina de grandes contribuyentes.

5. Las verdaderas lecciones

El punto no es que un idioma sea más preciso que otro. Todos tienen conceptos útiles, puntos ciegos, tradiciones jurídicas y hábitos institucionales. El problema empieza cuando suponemos que una palabra familiar produce en todas partes las mismas consecuencias jurídicas y significa lo mismo en la práctica administrativa o económica.

Antes de aprobar un texto tributario multilingüe, conviene hacerse unas preguntas muy sencillas —y poco elegantes—:

• ▪︎ ¿Tiene este término el mismo efecto jurídico en cada jurisdicción?
• ▪︎ ¿Es un término técnico, una expresión cotidiana o ambas cosas?
• ▪︎ ¿Hablamos de un incentivo tributario, una deuda, una obligación de declarar, una partida presupuestaria o ingresos que el Estado deja de percibir?
• ▪︎ ¿Estamos hablando de activos brutos, patrimonio neto, finanzas públicas, administración tributaria o de todo a la vez?

Así que, queridos lectores, la próxima vez que pierdan una discusión en un grupo de trabajo tributario internacional, no corran de inmediato a buscar una hoja de cálculo ni un complejo dictamen jurídico.

Primero, consultan el diccionario. Después, ciérrenlo y pregunten qué quiere decir cada uno.
La experiencia de  la Union Europea (UE) puede ofrecer tambien una última lección. Aunque en América Latina y el Caribe se utilicen principalmente el español, el portugués y el inglés, el hecho de compartir idiomas no elimina las diferencias en la legislación nacional ni en las prácticas administrativas. La UE se enfrenta a un reto multilingüe aún mayor: su legislación existe en 24 versiones en lenguas oficiales, todas ellas igualmente auténticas. Su experiencia nos recuerda que la traducción jurídica requiere algo más que un diccionario: exige una revisión minuciosa, la comparación de términos clave y una forma de resolver las ambigüedades.

La experiencia europea también plantea una pregunta para un próximo artículo: ¿podría América Latina y el Caribe beneficiarse de un rol más sólido para los abogados-lingüistas (especialistas jurídicos que trabajan entre varios idiomas para garantizar que la legislación sea clara y coherente)? La UE ha desarrollado esta función como parte de su proceso legislativo multilingüe. Explorar si un enfoque similar podría apoyar la cooperación regional en la región ALC, y de qué manera, sería una conversación que valdría la pena tener.

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