1) Introducción

En esta cuarta entrega de la serie (Parte 4), seguimos respondiendo a la pregunta: ¿dónde están y hacia dónde van las administraciones tributarias en el ámbito de la digitalización y la transformación digital? Tras la introducción general presentada en la Parte 1[i] y el análisis de la identidad digital y de los puntos de contacto con el contribuyente en las Partes 2[ii] y 3[iii], respectivamente, en esta entrega abordamos el pilar (3) Gestión y estándares de datos del enfoque “Tax Administration 3.0”.

Como es sabido, los datos constituyen un recurso esencial para las administraciones tributarias, pues permiten conocer la realidad económica de los contribuyentes y sustentar sus actuaciones: identificar quién debe tributar, por qué concepto, cuánto debe pagar y si ha cumplido sus obligaciones.

Ahora bien, disponer de más datos no garantiza, por sí solo, una mejor gestión tributaria. Para que resulten útiles, es necesario que sean fiables, estén actualizados, se interpreten correctamente y se protejan adecuadamente. Asimismo, su utilización debe respetar los derechos y garantías de los contribuyentes.

Tal como señala la OCDE en sus distintos documentos, el creciente volumen de información que manejan las administraciones tributarias exige fortalecer los mecanismos para gestionarla y proteger su confidencialidad. Esta necesidad adquiere mayor importancia a medida que se amplían el análisis de datos, la automatización y los servicios digitales al contribuyente.

En este contexto, la calidad y la seguridad de la información resultan fundamentales para el adecuado funcionamiento de procesos tales como el prellenado de declaraciones, el intercambio de datos y otros procesos automatizados. Su adecuada gestión contribuye a reducir errores y a mantener la confianza en las interacciones entre la administración, los contribuyentes y los terceros que participan en el sistema tributario.

Desde la perspectiva de esta serie, la relación entre los pilares de la Administración Tributaria 3.0 es directa: la identidad digital permite identificar a quienes intervienen; los puntos de contacto facilitan sus interacciones; y la gestión de datos proporciona la información sobre la que se apoyan los servicios y las decisiones administrativas [iv].

Dado que el pilar (3) «Gestión y estándares de datos» de la Administración Tributaria 3.0 comprende varias dimensiones, esta entrega se centra en la gobernanza de datos. La recopilación, el intercambio, la interoperabilidad y el análisis de la información forman parte de ese ámbito más amplio, pero no se examinan de manera exhaustiva en esta entrega.

2) Desarrollo

La gobernanza de datos permite establecer responsabilidades, criterios y procedimientos para orientar su gestión y utilización. Su importancia reside en articular la disponibilidad y la calidad de la información con su protección y uso responsable. Por ello, el análisis que sigue considera tanto los mecanismos de seguridad como la existencia de estrategias, marcos éticos y funciones específicas de privacidad.

2.1) Gobernanza de datos en el panorama global y en ALC

Como ya se ha señalado en las entregas anteriores, en el panorama internacional el informe de la OCDE Tax Administration Digitalisation and Digital Transformation Initiatives (2025), basado en la Encuesta Global sobre Digitalización de 2024, presenta los resultados de las 54 administraciones miembros del Foro de Administración Tributaria (FTA). Su tabla 4.1 recoge nueve prácticas de gobernanza relacionadas con la estrategia, la calidad, la ética, la seguridad y la utilización de los datos. En el orden de la fuente, el 72,2 % cuenta con una estrategia integral de gestión de datos; el 85,2 % evalúa la calidad de los datos reportados; el 75,9 % dispone de un marco ético; el 98,1 % controla el acceso y la seguridad de los datos de los usuarios; el 87,0 % detecta automáticamente accesos no autorizados; el 85,2 % cuenta con un responsable de privacidad de datos; el 94,4 % dispone de una unidad de ciberseguridad; el 94,4 % contrata a terceros para comprobar la seguridad de sus sistemas; y el 16,7 % utiliza inteligencia artificial (IA) como parte del proceso de gobernanza de datos [v].

Estos resultados muestran una mayor presencia declarada de controles de acceso, unidades de ciberseguridad y pruebas externas que de estrategias integrales y marcos éticos. La diferencia permite identificar ámbitos de fortalecimiento, aunque los porcentajes no informan sobre la eficacia con la que funcionan esos mecanismos.

Ahora bien, siguiendo el criterio de continuidad de las entregas anteriores, examinamos la situación de los mismos trece países de América Latina y el Caribe (ALC): Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay. [vi]

La evidencia regional de América Latina y el Caribe (ALC) muestra diferencias en la implantación de las prácticas analizadas. Siguiendo el mismo orden, el 69,2 % declara disponer de una estrategia integral de gestión de datos; el 84,6 % evalúa la calidad de los datos reportados; y el 76,9 % cuenta con un marco ético. El control del acceso y la seguridad de los datos alcanza el 100 %, mientras que la detección automática de accesos no autorizados se sitúa en el 84,6 %. Por su parte, el 61,5 % cuenta con un responsable de privacidad de datos; el 84,6 %, con una unidad de ciberseguridad; y el 76,9 % contrata a terceros para comprobar la seguridad de sus sistemas. Finalmente, el 15,4 % utiliza IA en el proceso de gobernanza de datos (véase la tabla 1) [vii].

Tabla 1. Prácticas de gobernanza de datos declaradas por trece países de ALC

Fuente: elaboración propia a partir del Inventory of Tax Technology Initiatives (OECD Data Explorer), archivos extraídos el 23 de octubre de 2026.

Nota: porcentajes calculados sobre trece administraciones, sin ponderación; los resultados indican respuestas afirmativas.

La lectura por país permite identificar distintas combinaciones de prácticas. Ecuador y Guatemala responden afirmativamente a los nueve indicadores, mientras que Brasil, Colombia y México lo hacen a los ocho primeros, sin declarar el uso de IA en este ámbito. Honduras, Perú y Uruguay registran siete respuestas afirmativas; Chile y Cuba, seis; Argentina, cinco; Costa Rica, cuatro; y Paraguay, una, correspondiente al control del acceso y la seguridad de los datos. Estos recuentos describen la cobertura de las prácticas consultadas y no constituyen una clasificación de madurez digital o de eficacia institucional.

Más allá del número de respuestas, las diferencias entre componentes aportan información relevante. Argentina y Perú declaran evaluar la calidad de los datos y contar con un marco ético, aunque no disponer de una estrategia integral de gestión. Uruguay, por su parte, informa de la existencia de una estrategia y de mecanismos de evaluación de la calidad, pero responde negativamente respecto del marco ético. Ello muestra que las distintas dimensiones de la gobernanza no siempre se implantan conjuntamente.

En materia de seguridad, todas las administraciones analizadas declaran controlar el acceso y la seguridad de los datos, pero Chile y Paraguay no reportan detección automática de accesos no autorizados. Asimismo, Cuba y Paraguay responden negativamente sobre la existencia de una unidad de ciberseguridad, mientras que Argentina, Honduras y Paraguay no declaran contratar a terceros para comprobar sus sistemas. Conviene distinguir, por tanto, entre controles de acceso, detección automatizada, organización especializada y evaluación externa, sin interpretar una respuesta negativa como ausencia de cualquier mecanismo alternativo.

La figura del responsable de privacidad de datos presenta la menor extensión entre los primeros ocho indicadores: ocho de las trece administraciones declaran contar con ella. En cuanto a la IA aplicada a la gobernanza de datos, las respuestas afirmativas corresponden exclusivamente a Ecuador y Guatemala. Este resultado se limita al ámbito específico de la pregunta y no permite concluir que las demás administraciones carezcan de aplicaciones de IA en otras funciones tributarias [viii].

Al contrastar ambos grupos, las mayores diferencias descriptivas se observan en el responsable de privacidad de datos (61,5 % en los trece países de ALC frente a 85,2 % en el FTA), la contratación de terceros para pruebas de seguridad (76,9 % frente a 94,4 %) y las unidades de ciberseguridad (84,6 % frente a 94,4 %). En cambio, la evaluación de la calidad de los datos presenta porcentajes próximos (84,6 % y 85,2 %). Esta lectura ayuda a identificar prioridades de análisis y cooperación, pero debe considerar la composición de las muestras y las distintas fechas de extracción del Inventario. [ix]

Es importante recordar que la información es autodeclarada. Las respuestas permiten conocer qué prácticas reportan las administraciones, pero no medir su alcance, calidad de aplicación o resultados. Por ello, los hallazgos se refieren a los trece países estudiados y no deben extrapolarse al conjunto de ALC.

3) Conclusiones

De lo expuesto anteriormente se desprende que las administraciones tributarias de ALC analizadas cuentan con una base extendida de controles de acceso y seguridad, acompañada de prácticas de evaluación de la calidad de los datos y detección automática de accesos no autorizados. No obstante, persisten diferencias entre países y entre los componentes de la gobernanza, especialmente en la existencia de estrategias integrales y de responsables específicos de privacidad. La presencia declarada de estos mecanismos constituye un punto de partida relevante, aunque no permite, por sí sola, determinar su eficacia ni considerar resueltos los riesgos asociados al uso de la información.

En mi opinión, el desafío consiste en articular los controles existentes con responsabilidades claras, criterios de calidad y marcos de uso ético que orienten la gestión cotidiana de los datos. Esta necesidad guarda una relación directa con los pilares examinados en las entregas anteriores: la identidad digital y los puntos de contacto con el contribuyente requieren información fiable, actualizada y protegida para sustentar servicios y actuaciones administrativas.

Avanzar hacia la Administración Tributaria 3.0 exige fortalecer la gobernanza de datos como parte de la transformación institucional. Para las administraciones tributarias de ALC, ello supone orientar la gestión de la información hacia servicios más simples y decisiones mejor fundamentadas, preservando la confianza y los derechos de los contribuyentes. En este proceso, la cooperación regional y el intercambio de experiencias pueden contribuir al fortalecimiento de capacidades, atendiendo a las necesidades y a la realidad institucional de cada administración.

4) Próxima entrega (Parte 5)

En la siguiente entrega se desarrollará el análisis del pilar (4), «Gestión y aplicación de la normativa tributaria», con el fin de examinar cómo las administraciones tributarias de ALC incorporan herramientas digitales y mecanismos de automatización en la aplicación de las normas, así como su grado de alineación con los principios de la Administración Tributaria 3.0.

[i] https://www.ciat.org/inventario-global-2025-donde-estan-y-hacia-donde-van-las-administraciones-tributarias-en-el-ambito-de-la-digitalizacion-y-transformacion-digital-parte-1/.  (Consultado el 24 de octubre de 2026).

[ii] https://www.ciat.org/inventario-global-2025-donde-estan-y-hacia-donde-van-las-administraciones-tributarias-en-el-ambito-de-la-digitalizacion-y-transformacion-digital-parte-2/.  (Consultado el 24 de octubre de 2026).

[iii] https://www.ciat.org/inventario-global-2025-donde-estan-y-hacia-donde-van-las-administraciones-tributarias-en-el-ambito-de-la-digitalizacion-y-transformacion-digital-parte-3/. (Consultado el 24 de octubre de 2026).

[iv] OCDE (2020), Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration, OECD Publishing, París. Marco de los seis pilares de la transformación digital. https://doi.org/10.1787/ca274cc5-en.  (Consultado el 24 de octubre de 2026).

[v] OCDE (2025), Tax Administration Digitalisation and Digital Transformation Initiatives, OECD Publishing, París, capítulo 4, pp. 27–28. El análisis de esta entrega se limita a la gobernanza de datos. https://doi.org/10.1787/c076d776-en. (Consultado el 24 de octubre de 2026).

[vi] Se mantiene el grupo de trece países definido en la Parte 2 y utilizado en la Parte 3, para dar continuidad al análisis. Es una selección de países con información disponible en el OCDE, Inventory of Tax Technology Initiatives, OECD Data Explorer al 23 de octubre de 2026.

[vii] OCDE, Inventory of Tax Technology Initiatives, OECD Data Explorer, conjunto DSD_QDD_ITTI@DF_QDD_ITTI. Elaboración propia con los archivos CSV y XLSX extraídos el 23 de octubre de 2026: 117 respuestas, correspondientes a trece países y nueve variables (Q_AT_Q37-SQ001 a SQ009). Porcentajes sin ponderación, calculados como respuestas afirmativas / 13 × 100. OECD Data Explorer. (Consultado el 24 de octubre de 2026).

[viii] OCDE, Global Survey on Digitalisation 2024, bloque «Data governance», pregunta 37, p. 12. El indicador sobre IA se refiere a su utilización en la gobernanza de datos. La denominación original de la figura de privacidad es Data Privacy Officer; no se presupone su equivalencia jurídica con cargos regulados en cada país. Cuestionario de la encuesta. (Consultado el 24 de octubre de 2026).

[ix] La comparación es descriptiva: el informe de 2025 y la extracción regional corresponden a conjuntos de administraciones parcialmente coincidentes y a fechas de consulta distintas.

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