Durante siglos, la humanidad ha construido formas cada vez más complejas de convivencia para evitar la violencia, organizar la producción y dar sentido a la vida en común.  Sin embargo, en pleno siglo XXI, paradójicamente, quienes más deberían comprender la naturaleza del Estado, profesionales formados para interactuar con él, encargados de certificar realidades económicas y sostener la fe pública, ciudadanos educados, parecen ser quienes con mayor frecuencia ignoran su función esencial.

Esta ignorancia no es inocua: erosiona la convivencia, distorsiona la idea del aporte ciudadano y debilita el equilibrio del pacto social. Muchos profesionales contables y tributarios, con excepciones honrosas, han reducido al Estado a un “receptor de impuestos”, un ente abstracto y voraz cuya única función sería gastar.

Esta imagen empobrecida y superficial desconoce por completo los fundamentos históricos que dieron origen al Estado, las razones de su existencia y el papel vital que desempeña en el sostenimiento de la vida social. No estamos frente a un error técnico, sino frente a un vacío cultural profundo que limita la capacidad de la sociedad para comprender por qué debe aportar, qué recibe a cambio y qué consecuencias tiene renunciar a la lógica del bien común.

La historia de la humanidad no comenzó con ministerios, decretos ni reglamentos tributarios. Comenzó con bandas y tribus nómadas que apenas lograban sobrevivir. Durante decenas de miles de años, la autoridad no fue un aparato separado de la comunidad, sino una respuesta colectiva a los peligros del entorno.

La primera forma de Estado, antes de que existiera la palabra, fue la necesidad de ordenar la convivencia: defenderse, coordinar esfuerzos, repartir recursos escasos, detener la violencia interna. Ese fue el germen del pacto social, sin embargo, hoy una parte significativa de profesionales y ciudadanos desconoce esta verdad fundacional: el Estado no es un invento administrativo, sino una respuesta histórica a la fragilidad humana.

El Estado se creó para permitir que vivamos juntos sin destruirnos. Esa es su función originaria y su razón de ser, mucho antes de que aparecieran los tributos como forma institucional de financiamiento.

La evolución de la humanidad desde las aldeas hacia los grandes imperios, y luego hacia los Estados modernos, estuvo marcada por un proceso constante de especialización, delegación y organización del poder. Se crearon estructuras directivas y dirigentes: jefes, reyes, consejos, asambleas, burocracias, parlamentos, entre otros, porque la convivencia no podía sostenerse en la informalidad.

La dirección colectiva no es un lujo: es una necesidad civilizatoria. Cada etapa histórica creó un tipo de liderazgo y de autoridad que respondía a las condiciones materiales y culturales de su época.

En la actualidad, ese papel lo cumplen los Estados, con toda su complejidad legal, política y administrativa. Sin embargo, muchos profesionales que operan diariamente dentro de esta estructura desconocen su origen y su función. Hablan del Estado como si fuera un intruso, un competidor, un obstáculo, un aparato ajeno a la sociedad. Se olvidan, o nunca aprendieron, que el Estado es la forma contemporánea del grupo organizado que protege la convivencia y que su legitimidad depende de la satisfacción social que logra producir.

Este desconocimiento tiene un efecto particularmente nocivo en el ámbito tributario. Si el profesional no comprende el origen histórico del Estado ni su función esencial, tampoco podrá comprender el significado profundo del aporte ciudadano.

Creer que el impuesto es simplemente “lo que el Estado cobra para gastar” revela una concepción infantil e incompleta. El aporte tributario es, en realidad, la materialización del pacto social: la decisión colectiva de financiar aquello que garantiza la convivencia.

Sin tributos suficientes y sin voluntad de cumplir, el Estado se debilita; y cuando el Estado se debilita, la convivencia se quiebra. No es necesario mirar ejemplos extremos: basta observar la desigualdad creciente, la informalidad masiva, la criminalidad en expansión o la pérdida de confianza pública en tantos países para comprender que el aporte social es mucho más que un trámite: es el oxígeno que permite que la sociedad respire.

Aquí surge un concepto que deseo dejar en claro desde el inicio: la satisfacción social es la variable estratégica del equilibrio del pacto social. La historia lo demuestra con contundencia.

Cuando la comunidad siente que el Estado cumple con su propósito, que protege, que redistribuye, que responde a las necesidades esenciales, que administra justicia, que garantiza oportunidades, surge la disposición natural a contribuir.

Cuando la sociedad percibe orden y legitimidad, aparece la voluntad de cumplir. Pero cuando la satisfacción social decae y la convivencia se erosiona, cuando los ciudadanos no ven resultados ni sienten que sus aportes retornan en bienestar, se desploma la voluntad de sostener al Estado.

Entonces surgen la evasión, la resistencia, el resentimiento, la desconfianza y finalmente la ruptura del pacto social. Esta es una verdad simple, pero profunda: la convivencia en paz no es un efecto del orden institucional; es la condición que lo hace posible. Y la convivencia solo se sostiene cuando existe satisfacción social.

Muchos de los argumentos que expongo aquí ya los he desarrollado en reflexiones anteriores, y no deseo repetirlos por simple insistencia, pero es necesario dejar constancia de que la reiteración tiene un propósito: la ignorancia sobre el origen del Estado y el rol civilizatorio del aporte social es tan extendida, tan peligrosa y dañina para la convivencia, que no basta mencionarla una vez.

Es necesario subrayarla, volver a ella, enfrentarla desde distintos ángulos. Un malentendido persistente debe ser combatido con claridad persistente. La insistencia no es redundancia: es pedagogía ante un problema estructural.

En este sentido, para entender al Estado moderno es útil una metáfora contemporánea: si la sociedad es un sistema operativo, el Estado es su programa de funcionamiento, su software esencial. Regula la interacción, gestiona conflictos, administra recursos y garantiza que las piezas no colisionen entre sí. Sin este software, la convivencia se volvería caótica, la desigualdad desbordaría, la violencia se generalizaría y la vida social perdería estabilidad.

Sin embargo, gran parte de la ciudadanía, y lamentablemente muchos profesionales desconocen esta arquitectura. Ven las instituciones, pero no comprenden el diseño; observan las normas, pero no entienden la lógica; pagan impuestos, pero no captan su sentido. Lo más grave es que al no comprender el software del Estado, bloquean la actualización de su propio sistema de comprensión social.

La consecuencia es obvia:  si no se entiende para qué existe el Estado, menos aún se entenderá para qué existe el tributo.

El problema se agrava cuando hablamos de los sectores más pobres y vulnerables, muchas veces indignados o atrapados en dinámicas de supervivencia. Su ignorancia no es culpa personal: es producto de desigualdad estructural, abandono institucional y falta de educación. Pero sus efectos son igualmente destructivos.

Una mayoría desinformada puede votar contra sus propios intereses, sostener liderazgos que destruyen instituciones, rechazar aportes que son indispensables para su propio bienestar y, en definitiva, minar el pacto social desde adentro. Por eso la pedagogía cívica, en particular la pedagogía tributaria,  es esencial.

Sin comprensión del Estado, la ciudadanía no puede aportar conscientemente; sin aporte, el Estado no puede sostener la convivencia; sin convivencia, la sociedad entera se desintegra.

De esto se desprende una conclusión central: todo aporte tributario es, en última instancia, una apuesta por el orden social. No es un pago; es una decisión de pertenencia. No es una carga; es una inversión colectiva.

El cumplimiento no depende solo de sanciones o coerción, aunque estas son necesarias, sino de una ecuación más profunda: la satisfacción social percibida y la confianza en la convivencia.

Este mensaje se abre, entonces, con una provocación deliberada: si los profesionales que administran la fe pública y la contabilidad no comprenden el origen del Estado ni el significado del aporte social, ¿cómo pueden pretender orientar a la ciudadanía o sostener la convivencia?

La respuesta es evidente: no pueden. La responsabilidad ética del profesional no es solo técnica; es civilizatoria. Y su ignorancia no es solo un déficit académico; es una amenaza para el equilibrio del pacto social.

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(*) Metáfora que surge de una larga reflexión intelectual y vital sobre el origen de la convivencia humana y la función del Estado como arquitecto del orden social.

Su elaboración ha sido enriquecida por la compañía de ChatGPT, cuyo diálogo permitió clarificar las ideas, contrastarlas con la teoría política y profundizar en el hilo evolutivo que conecta la satisfacción social, la convivencia en paz y el equilibrio del pacto social.

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